Una reflexión a partir de los documentos magisteriales

Reproducimos, a continuación, una síntesis de las conclusiones del TFM del Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI, presentado por Jonathan Malagón González, alumno del curso 2025-2026. Este trabajo reflexiona sobre los vínculos entre el sistema financiero, el bien común y de la sostenibilidad ambiental a la luz de los documentos magisteriales, así como criterios que ofrece la doctrina social de la Iglesia para orientar la acción financiera frente a la crisis climática.

¿Qué ocurre cuando el ahorro de una persona se convierte en un crédito para otra? Mucho más que una menuda transacción financiera. Se hace posible, a través de este mecanismo, la compra de una vivienda, la consolidación de un proyecto productivo o la educación de nuestros hijos. Vista a escala global, esa capacidad resulta monumental. Los bancos del mundo administran activos del orden de 191 billones de dólares, cifra que representa 1.5 veces el PIB mundial y 110 veces el tamaño de una economía como la de España. Este colosal volumen de recursos lleva embebido una serie de decisiones que marcan el futuro de nuestra casa común. Vía crédito se define qué actividades pueden crecer más rápido, qué oportunidades estarán al alcance de las nuevas generaciones y qué riesgos está dispuesta a asumir una sociedad. La forma en que esos recursos se administran y se orientan sentencia, en últimas, el modelo de desarrollo que construimos y la forma en la que vivimos.

Esa intuición dio origen a mi trabajo en el Máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI. Quise estudiar las coincidencias entre el sistema financiero, el bien común y de la sostenibilidad ambiental a la luz de los documentos magisteriales, así como criterios que ofrece la doctrina social de la Iglesia para orientar la acción financiera frente a la crisis climática. La investigación fue dirigida por el profesor José Ramón Amor Pan, a quien agradezco la orientación y la retroalimentación que me ayudaron a darle profundidad, rigor y forma.

La pregunta se hace imperiosa ante la dimensión del desafío que enfrentamos como generación. En los últimos 25 años, la temperatura del planeta se ha incrementado en cerca de 0,7 °C, un calentamiento que previamente tomó 250 años en producirse. En solo doce meses, los desastres naturales provocaron el desplazamiento de más de 45 millones de personas y los diez eventos climáticos más devastadores dejaron pérdidas cercanas a 229.000 millones de dólares, cifra que hubiera sido suficiente para financiar casi 4 millones de viviendas de interés social en América Latina. Lo cierto es que, aunque la financiación climática mundial para hacer frente a estos desafíos ha alcanzado máximos históricos, todavía cubre apenas la cuarta parte de los recursos necesarios para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

El sistema financiero no puede cerrar por sí solo una brecha de esa magnitud. Tampoco será posible cerrarla sin su capacidad para movilizar el ahorro, valorar los riesgos y financiar inversiones de largo plazo. La banca ocupa así un lugar central en la transición, no porque deba reemplazar a los gobiernos o a las empresas, sino porque muchas de las transformaciones que el mundo necesita requieren crédito e inversión.

Esta reflexión también se desprende de mi trabajo en el sector financiero de Colombia. El conocimiento de la industria financiera permite comprender la capacidad transformadora del crédito y la complejidad de las decisiones que lo hacen posible. La banca debe proteger el ahorro, cumplir una regulación prudencial y responder ante depositantes, clientes, accionistas y autoridades. Por eso, la reflexión ética no sustituye el análisis financiero. Su aporte consiste en orientar el propósito de las decisiones y reconocer sus efectos sobre la sociedad.

¿Qué puede, entonces, aportar la Iglesia a esta conversación?

Más de lo que suele suponerse. Desde Vix pervenit y Rerum novarum hasta Laudato si’, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones y Laudate Deum, la tradición social católica ha recordado que la economía y las finanzas deben estar al servicio de la persona y del bien común. No ofrece fórmulas para calcular una tasa de interés o aprobar un crédito, pero sí criterios para discernir. Dichos criterios, a su vez, se fundamentan en principios de la DSI y de los documentos magisteriales: solidaridad, bien común, dignidad de la persona, subsidiariedad, destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres.  

Antes de presentarlos, conviene destacar lo que ya ha ocurrido en Colombia. La banca empezó a construir una agenda ambiental antes de que existieran muchas de las reglas que hoy ordenan este campo. El Protocolo Verde se firmó en 2012 como un acuerdo voluntario entre el Gobierno y el sector financiero. Después llegaron el Protocolo Social, los Objetivos de Finanzas Sostenibles y herramientas comunes para medir las emisiones asociadas al crédito. También se desarrolló una taxonomía verde, mientras logró ser el primer país de América Latina en emitir un bono verde soberano denominado en moneda local. En los últimos años se han impulsado instrumentos pioneros en la región para movilizar recursos hacia la biodiversidad y la adaptación climática, dos campos que durante mucho tiempo recibieron menos atención que la reducción de emisiones.

Esa trayectoria ya se refleja en los resultados. La cartera verde pasó de representar menos de medio punto porcentual del crédito en 2017 a superar el 4% en 2025, cuando alcanzó 31,6 billones de pesos. El sector se ha propuesto elevar aún más esta participación. Las capacidades construidas también permitieron articular una alianza durante la emergencia climática de Colombia en el presente año, con alivios y alternativas de financiación para los territorios afectados. A nivel de gobernanza, se estableció el primer protocolo de autorregulación para certificación en principios ASG para miembros de juntas directivas en el sector financiero, de la mano de IFC. Por todo este trabajo de las entidades financieras, la Asociación de Bancos de Colombia ha sido escogida publicaciones internacionales como uno de los más importantes laboratorios de inclusión financiera y sostenibilidad en el mundo.

Reconocer estos avances no significa afirmar que el trabajo esté terminado. La cartera verde todavía representa una proporción modesta del crédito total y las necesidades de financiación son mayores. Sin embargo, Colombia cuenta con instituciones, conocimientos e instrumentos para abordar la siguiente etapa desde una posición sólida.

A partir de la Doctrina Social de la Iglesia formulé seis criterios para orientar esa etapa. Los cuatro primeros piden situar a la persona y su inclusión en el centro, comprender el bien común también desde la perspectiva de las generaciones futuras, garantizar transparencia y veracidad en las métricas, y prestar atención preferente a quienes soportan con mayor intensidad los efectos del cambio climático. A ellos se suman la subsidiariedad activa, que pide a cada actor cumplir su función y fortalecer la capacidad de los demás, y la prudencia frente a la especulación, que recuerda el vínculo de las finanzas con la economía real.

Estos criterios no sustituyen el juicio técnico. Sirven para revisar si las instituciones, los productos y los incentivos son consistentes entre sí y coherentes con el propósito que se declara. Desde esa perspectiva, la investigación concluye que la banca sirve al bien común cuando concurren tres condiciones.

La primera es un marco institucional sólido que ordene la actividad, proteja el ahorro y preserve la confianza sin sustituir la decisión profesional de crédito. La segunda es información comparable y verificable para valorar los riesgos y reconocer los resultados. La tercera es un propósito institucional que se refleje en los incentivos, los productos, el gobierno de las entidades y el acompañamiento a los clientes.

En materia climática, ese propósito se traduce en financiar la transición y en evitar que la exclusión sea la respuesta frente a actividades o sectores que necesitan transformarse. Muchas empresas que hoy tienen una alta huella ambiental serán también necesarias para construir una economía más sostenible. El crédito puede ayudarlas a modernizar sus procesos, reducir sus emisiones y adoptar tecnologías más limpias. Acompañar esa transformación no significa desconocer el riesgo, sino evaluarlo con mejores herramientas y horizontes más amplios.

Es justamente al llevar ese propósito a la práctica cuando aparece lo que he decidido llamar la paradoja de la demanda. Visto en su conjunto, el mundo enfrenta muchas más necesidades climáticas que recursos disponibles. Hay, en ese nivel, más necesidades que dinero. Sin embargo, al descender a ciertas operaciones concretas puede presentarse la situación contraria. Existen recursos interesados en financiar la transición, mientras escasean los proyectos suficientemente estructurados para recibirlos. En determinados segmentos puede haber más dinero que proyectos financiables.

La paradoja no significa que hayan desaparecido las brechas de financiación ni puede generalizarse al conjunto del mercado. Señala un cuello de botella distinto que todavía requiere una medición sistemática para Colombia. Una necesidad ambiental, por urgente que sea, no se convierte automáticamente en demanda efectiva de crédito.

Para financiarse, un proyecto necesita estudios técnicos, permisos, información confiable, capacidad de ejecución y una distribución razonable de los riesgos. El problema es especialmente visible en adaptación y biodiversidad, donde los beneficios aparecen en horizontes largos y no siempre generan ingresos directos. Una obra que evita pérdidas futuras puede ser indispensable para una comunidad y, al mismo tiempo, difícil de traducir en los flujos financieros de una operación tradicional.

La respuesta no puede ser la de pedirle a los bancos que presten más o reduzcan sus estándares de riesgo. La estabilidad de las entidades y la protección del ahorro también forman parte del bien común. El desafío es construir mejores proyectos y distribuir con mayor eficiencia los riesgos que hoy impiden financiarlos.

En este punto, la subsidiariedad activa adquiere una dimensión concreta. La banca no debe reemplazar al Estado, a los empresarios, a las comunidades o a los organismos de cooperación. Puede ayudar a articularlos, acompañar la estructuración de proyectos y diseñar mecanismos que combinen recursos privados, públicos y concesionales. Su responsabilidad no termina en asignar bien el crédito disponible. También puede contribuir a ampliar el conjunto de proyectos capaces de recibirlo.

Las tres condiciones se refuerzan entre sí. Las reglas pierden efectividad cuando no existe información confiable. La información puede convertirse en un simple ejercicio de reporte cuando no hay un propósito que oriente las decisiones. A su vez, el propósito corre el riesgo de quedarse en una aspiración cuando no cuenta con métricas e instituciones capaces de traducirlo en resultados.

Conclusión: El bien común no exige que la banca deje de ser banca.

El bien común, por tanto, exige que la banca haga aquello que le corresponde: custodiar el ahorro, evaluar el riesgo, asignar crédito, sostener la confianza y ampliar las posibilidades de la economía real forman parte de su función social.

La crisis climática no altera esa naturaleza, pero sí introduce nuevos riesgos y amplía las responsabilidades que deben considerarse. Durante décadas, el crédito ha permitido financiar viviendas, empresas, educación e infraestructura. Hoy puede continuar con tal desarrollo y seguir contribuyendo, a la vez, a que Colombia proteja su biodiversidad, se adapte al cambio climático y construya una economía más resiliente.

La banca colombiana lleva más de una década desarrollando capacidades para responder a ese reto. El siguiente paso consiste en ampliar la frontera de lo financiable sin renunciar a la prudencia. En esa combinación entre el propósito y disciplina se encuentra una de sus contribuciones más concretas al bien común.

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El autor es economista y administrador de empresas colombiano. Desde enero de 2023 se desempeña como presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA). Es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y de la Columbia University. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona, un Máster en Arte Contemporáneo de la misma universidad y un PhD en Economía de Tilburg University. Fue Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, cargo que ejerció entre 2018 y 2022. Este artículo recoge conclusiones de su TFM en el Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI, que mereció la máxima calificación. Las interpretaciones y propuestas aquí expuestas no constituyen compromisos institucionales de ASOBANCARIA ni de sus entidades afiliadas.